Cuando pensamos en contaminación lumínica nos vienen a la cabeza inmediatamente las farolas del alumbrado público como su origen último. Y, siendo cierto que aún quedan muchas malas prácticas por corregir, si algo bueno ha tenido la transición a la tecnología LED es que las nuevas luminarias tienen un diseño que permite dirigir la luz sólo donde interesa (otra cosa es que se haga). Si damos un paseo nocturno por cualquier ciudad, y sobre todo por los polígonos industriales, se puede comprobar que hay otras muchas fuentes de luz que no son farolas ni pertenecen al alumbrado público: iluminación de fachadas de edificios privados, carteles, rótulos luminosos, focos por docenas en naves industriales, aparcamientos, etc., e incluso cortijos iluminados con la ingenua pretensión de ahuyentar así a posibles ladrones. La mayor eficiencia energética del LED (y menor coste de tenerlos encendidos toda la noche) y la laxitud normativa han permitido la proliferación de iluminación exterior privada sin medida ni criterio. Y en la mayoría de los casos se utiliza luz muy fría, con intensidades excesivas y mal orientada, mientras que el uso de sensores de movimiento u otras medidas que ofrecen más seguridad brillan por su ausencia.
Hay varios estudios que han estimado el aporte de la iluminación privada a la contaminación lumínica utilizando diferentes métodos. El primero que voy a citar fue publicado en 2016 por investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña, que aplicaron modelos luminotécnicos en un barrio de Barcelona para estimar la luz emitida por fuentes domésticas (ventanas iluminadas) que acaba escapando al cielo, y su proporción en las emisiones globales. Llegaron a la conclusión de que la mitad de las emisiones lumínicas puede tener su origen en los edificios. Otro estudio de 2019 centrado en A Coruña y Arteixo, pero aplicando métodos fotométricos en lugar de modelos teóricos, llegó a conclusiones similares que apuntan a la enorme contribución de la iluminación privada a la contaminación lumínica, en un contexto donde el alumbrado público está mejorando al menos en lo relativo al flujo hemisférico superior. En 2021 fue publicada otra investigación basada en un experimento llevado a cabo en Tucson (Arizona), donde programaron variaciones de intensidad en el alumbrado público durante diez días. Tras un análisis mediante imágenes de satélite concluyeron que el alumbrado público sólo era responsable de entre un 16 y un 21% de las emisiones totales de la ciudad. Así, para el caso de esta ciudad, la iluminación privada es responsable ¡del 80% de la contaminación lumínica generada!
En 2024, en la Oficina de Calidad del Cielo del IAA-CSIC, publicamos un estudio en el ámbito del Geoparque de Granada donde encontramos que cinco instalaciones privadas suponen el 12% de las emisiones de luz artificial de un territorio con más de 70 núcleos de población (dos de ellos de 20.000 habitantes, uno de 7.000 y nueve entre 2.000 y 5.000). De hecho dos grandes instalaciones privadas llegan a emitir tanta luz al espacio como el mayor de los núcleos de población de la zona.
Por tanto aquí tenemos otra explicación a la contradicción que supone que la contaminación lumínica no pare de crecer mientras que el alumbrado público mejora en sus características. Por un lado contribuye el incremento generalizado de emisiones de luz azul que se dispersan mejor por la atmósfera (ocasionadas por la instalación de LED de luz blanca y el incremento de intensidad), y por otro el uso y abuso de esta luz en el ámbito privado (generalmente con la excusa de la seguridad). Así, cualquier normativa u ordenanza municipal con vocación real de disminuir la contaminación lumínica debe prestar especial atención al alumbrado privado. Mientras que no se regule el uso de la luz en exteriores de modo general, las medidas que se puedan adoptar para el alumbrado público pueden quedar sin efecto aparente. No hay más que pasar por un polígono industrial cualquiera a las tres de la madrugada para comprobarlo.
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